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La sección tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha dictado una sentencia por la que condena a una pena de cuatro años y seis meses de prisión a un agente de la Guardia Civil acusado de un delito de falsedad en documento oficial continuado, tras supuestamente realizar denuncias inexistentes sobre infracciones de tráfico para perjudicar al administrador de la comunidad de viviendas a la que pertenecía y con quien discrepaba en sus decisiones.

Según recoge la resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados también le condenan a inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier cargo o empleo público durante cuatro años, así como al abono de una multa de 4.500 euros y, en caso de impago, el procesado hará frente a una responsabilidad personal subsidiaria consistente en un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

En concreto, se da por probado que los hechos ocurrieron en distintos meses de 2010 a raíz de «una discrepancia» que se produjo en una reunión de la comunidad de vecinos en noviembre de 2009, en la que fue denegada la propuesta del acusado sobre modificar el régimen de cuotas.

Ante ello, el agente supuestamente decidió investigar datos sobre vehículos del administrador, todo ello «con la intención de formular boletines de denuncias por infracciones de tráfico inexistentes que atribuía a los conductores de los vehículos propiedad de aquél».

De este modo, presuntamente realizó un total de cuatro denuncias «por hechos que no habían sucedido», al tiempo que al no atender el perjudicado los avisos de correos, fue sancionado por no identificar a los conductores de dichos vehículos, de manera que le reclamaron unos 7.050 euros, cantidad por la que se le embargaron cuentas corrientes.

No obstante, tras presentar una reclamación e iniciar una auditoría interna, los cuatro expedientes sancionadores han sido revocados, según se detalla en la sentencia. «IMPOSIBLE IDENTIFICAR»

Durante la celebración del juicio, el agente destinado como Guardia Civil en la localidad cordobesa de El Carpio ratificó las cuatro multas en base a hechos que ha dicho que observó, de forma que relató distintos casos en los que el conductor de los vehículos –un coche en tres ocasiones y una moto en otra– supuestamente cometió infracciones por «conducción temeraria», defendió.

En este sentido, explicó ante los jueces que apuntó las matrículas de los vehículos al observar los hechos, si bien señaló que le fue «imposible identificar al conductor», dado que en ninguno de los casos lo siguió para «no poner en peligro la circulación», según indicó el hombre, quien formuló la primera denuncia de manera voluntaria y las otras tres con carácter de obligatorias.

También, negó que realizara consultas sobre los vehículos del administrador de la comunidad en el sistema de gestión interna de la Guardia Civil, al tiempo que manifestó que no tenía problemas con nadie de la comunidad ni ha sido violento con ningún vecino.

Mientras, el administrador declaró que «no veía normal» las sanciones que le habían notificado, de tal forma que en la cuarta solicitó documentación al Instituto Armado, dado que negó que las cometiera y dijo que parte de las mismas no las pudo cometer por estar «en el trabajo» a la hora que fueron interceptadas las supuestas infracciones.

Cabe destacar que el Ministerio Público solicitó para el acusado penas de cinco años de cárcel, una multa de 4.500 euros e inhabilitación especial para cargo o empleo público durante el periodo de cinco años. La defensa pidió la absolución.